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close this bookSerie Manuales y Guías sobre Desastres, No. 5 - Manejo de Cadáveres en Situaciones de Desastre (OPS; 2004; 207 paginas) [EN] View the PDF document
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Desaparición de personas

Hasta aquí se analizaron las disposiciones aplicables a situaciones en las que existe un cadáver y es posible identificarlo o no. Cuando se produce la desaparición de una persona, es decir que se ha dejado de tener noticias de ella por un espacio de tiempo independientemente de la circunstancia de la desaparición, el derecho ha instrumentado también una serie de procedimientos para resolver tal incertidumbre y sus consecuencias jurídicas.

Cuando una persona desaparece se presenta una situación ambigua y compleja para los familiares que trasciende los aspectos emocionales de la pérdida. En principio, nadie puede ser considerado muerto hasta que no se otorgue un acta de defunción. Ello provoca consecuencias económicas que no son menores. Así, son frecuentes los casos de familias que quedan completamente desprotegidas por no poder acceder a los activos familiares (cuentas bancarias o fondos de pensión, por ejemplo), que no pueden disponer de propiedades que figuran a nombre de la víctima desaparecida o que se hayan imposibilitadas para cobrar seguros de vida o indemnizaciones. Adicionalmente, y con independencia de los familiares, puede haber un número significativo de personas afectadas por la desaparición como socios comerciales, deudores y acreedores, entre otros.

Estas situaciones de incertidumbre han sido resueltas por los ordenamientos jurídicos desde la antigüedad. Los códigos civiles de la región que, en general, datan de fines del siglo XIX y principios del XX, tratan el tema de la declaración de presunción de fallecimiento o declaración de muerte presunta8. El fin de esta figura jurídica es lograr que mediante la declaración judicial de fallecimiento se efectúe una presunción de muerte de quien ha desaparecido, lo cual permite que se produzcan los mismos efectos jurídicos que con la muerte comprobada.

8 A título de ejemplo, se señala: Código Civil Argentino, artículos 110 a 125; Código Civil de Bolivia, artículos 39 a 51; Código Civil de Brasil, artículos 6 a 10; Código Civil de Paraguay, artículos 63 a 72 y Código Civil de Chile artículos 80 al 94.


En este sentido, los familiares y otras personas que cuenten con un interés legítimo, pueden efectuar una presentación judicial pidiendo que se declare la muerte presunta de quien haya desaparecido en ciertas circunstancias, por ejemplo, accidentes o desapariciones de embarcaciones o aeronaves, terremotos o sucesos catastróficos o acciones militares o de guerra. Es requisito legal que transcurra un tiempo prudencial desde la presentación del evento dañoso con el fin de evitar fraudes. El proceso concluye con la declaración de muerte presunta del desaparecido y la fijación de un día de fallecimiento presunto. La sentencia se suele inscribir en los registros civiles o de las personas para que quede acreditada la defunción a los fines legales. Los códigos regulan también lo relativo a la reaparición de la persona declarada muerta presunta9.

9 En general, si el presuntamente fallecido reaparece el vínculo matrimonial continúa, pero si el cónyuge sobreviviente contrajo nuevas nupcias, éstas no se anulan. Deben, además, entregarse los bienes existentes que le hubieren pertenecido en el estado en que se encontrasen y los adquiridos con el valor de lo que faltase.


Dicho proceso es, sin embargo, largo y costoso para los familiares. El período de espera impuesto para su inicio, más el tiempo que toma el trámite judicial mismo, implica que la familia de la víctima debe sobrevivir durante un largo período sin los ingresos que el fallecido les proporcionaba en vida y sin poder disponer de los bienes que les corresponderían en herencia. Adicionalmente, se debe pagar honorarios profesionales a los abogados que intervienen, publicar edictos en diarios y realizar otras gestiones costosas.

Para evitar los procesos engorrosos descritos en los códigos civiles y cuando se da un suceso generador de un gran número de víctimas en condiciones en que la supervivencia es poco probable, las autoridades han recurrido a remedios excepcionales, como se ejemplifica a continuación.

En El Salvador, a raíz del terremoto acaecido el 13 de enero de 2001, la Asamblea Legislativa sancionó el Decreto No. 294 del 23 de febrero de 2002 por el cual se aprobó una ley especial transitoria para legalizar la defunción de las personas fallecidas o desaparecidas a causa del siniestro. Dicha norma se promulgó debido a que las autoridades correspondientes no podían realizar el reconocimiento legal del gran número de personas que fallecieron enterradas o cuyo paradero era desconocido y se hacía muy difícil seguir el procedimiento de la legislación común para establecer el estado de fallecido o de persona con paradero desconocido.

En Estados Unidos, donde por lo general se debe esperar un promedio de 3 años para conseguir una sentencia judicial que declare la muerte presunta de una persona desaparecida en accidentes o sucesos catastróficos, la ciudad y el estado de Nueva York adoptaron un procedimiento especial a consecuencia del atentado terrorista ocurrido el 11 de septiembre de 2001 (Helping Handbook, 2001). Dicho procedimiento tardaba entre una y dos semanas luego de la denuncia de desaparición efectuada ante el Departamento de Policía de la ciudad de Nueva York hecha por los parientes más cercanos del desaparecido. La solicitud debía estar acompañada con una serie de requisitos como prueba de parentesco, una declaración jurada con información detallada del familiar desaparecido, los motivos para creer que la víctima se encontraba en el World Trade Center ese día y otras cuestiones. En este caso se aclaró expresamente que la obtención del certificado de defunción no implicaba que se renunciara a las operaciones de rescate o a la identificación de los cuerpos que se recuperasen10.

 

10 Ver texto completo del Manual de Ayuda en: http://www.mofo.com/about/pbhandbook/handbook/HandbookSp.pdf


En otros casos, los procedimientos de los códigos civiles fueron modificados de forma permanente para ajustarse más a las necesidades concretas de los familiares de las víctimas.

En Puerto Rico y a raíz del deslizamiento de Mameyes ocurrido en Ponce el 7 de octubre de 1985 y por el cual perecieron decenas de personas cuyos cuerpos no pudieron ser recuperados o identificados, se dictó la Ley No. 1 del 12 de diciembre de 1985 por la cual se establece un procedimiento especial en la materia. El mismo se basa en la elaboración de un expediente investigativo por parte del Ministerio Público que debe contener un censo de las personas desaparecidas el día o los días en que ocurrió el evento catastrófico. El Ministerio Público tiene 45 días para levantar dicho expediente y presentarlo al tribunal correspondiente junto con una petición para que se declaren fallecidas a las personas incluidas en el censo. Una vez que se cuenta con la resolución anterior, el Secretario de Salud expide los correspondientes certificados de defunción de las personas decretadas muertas por el tribunal.

En España se sancionó la Ley No. 4 del 2000 que modifica la regulación del Código Civil sobre la declaración de fallecimiento de los desaparecidos en naufragios y siniestros. Tal norma acorta los tiempos establecidos para que se proceda a la declaración de fallecimiento en casos de riesgos inminentes de muerte por causa de violencia contra la vida y naufragio o desaparición de nave o siniestro de aeronave.

De lo expuesto surge que los ordenamientos jurídicos han intentado dar una solución al problema de los desaparecidos recurriendo a una ficción jurídica consistente en presumir la muerte de quienes desaparecieron en determinadas circunstancias. Ello, sin duda, contribuye a solucionar muchos problemas prácticos de índole jurídico-patrimonial, pero debe quedar claro que estos procedimientos no pueden ser utilizados de manera alguna para suplir o justificar la inoperancia de las autoridades en cuanto a proceder apropiadamente en la identificación de los cadáveres. Las normas especiales y transitorias que declaran presuntamente fallecidos a desaparecidos a causa de una catástrofe natural deben ser dictadas sólo cuando la recuperación de cadáveres sea imposible por las características del siniestro, ya que dichos recursos no pueden suplir jamás la certeza de una identificación plena que es lo único que puede poner fin a la agonía de los familiares respecto al destino de sus seres queridos.

Cuando el levantamiento de los cuerpos ha sido imposible, en general porque fueron sepultados por deslizamientos de tierra, derrumbes u otras circunstancias similares, las autoridades han recurrido en algunos casos a declarar la zona de la tragedia como camposanto, con frecuencia como respuesta al pedido de los familiares. No se ha tenido acceso al texto de estas normas y, en consecuencia, no queda claro el alcance exacto de tal declaratoria. Se puede señalar, sin embargo, que los cementerios son considerados espacios sagrados, de respeto a los muertos y, por tanto, intangibles en el sentido que no pueden ser objeto de derechos de propiedad, entre otros.

La declaratoria de camposanto puede por ello ser problemática en el sentido de que el lugar de la tragedia podría ser de propiedad privada o estar sujeto a explotación económica. Dicho conflicto se planteó en el campamento minero de Chima, en Bolivia, donde en marzo de 2003 un deslizamiento de tierra sepultó cerca de 20 casas y provocó un gran número de muertes. Ante la imposibilidad de avanzar en la recuperación de los cadáveres, los lugareños pidieron a las autoridades que declararan la zona como camposanto. Ello generó la oposición inmediata de la cooperativa a cargo de la concesión de la explotación minera ya que la extracción de oro debía cesar dado el carácter sagrado que la zona tomaría. (Diario La Prensa, edición del 3 de abril de 2003, La Paz, Bolivia).

Hay que señalar, sin embargo, que la plena identificación debe ser el objetivo de las autoridades y la recolección de cadáveres es su premisa básica. Por ello, debe hacerse todo lo que esté al alcance para recuperar los cadáveres, proceso que debe, además, ejecutarse conforme a una serie de criterios enumerados en el capítulo 2 de manera que se preserven las evidencias que puedan facilitar la identificación. Así, sólo cuando no es posible recuperar los restos y agotadas todas las posibilidades, es que se puede acudir a este recurso que si bien no resuelve el problema de la determinación de identidad, facilita el proceso de duelo y recuperación psicológica de los familiares y la población en general, al transformar el área donde quedaron los cuerpos en un lugar de homenaje y recuerdo a los muertos.

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