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close this bookSerie Manuales y Guías sobre Desastres, No. 5 - Manejo de Cadáveres en Situaciones de Desastre (OPS; 2004; 207 paginas) [EN] View the PDF document
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open this folder and view contentsCapítulo 1: Preparativos paracasos de muertes masivas
open this folder and view contentsCapítulo 2: Trabajo médico-legal
open this folder and view contentsCapítulo 3: Consideraciones sanitarias en casos de muertes masivas
open this folder and view contentsCapítulo 4: Aspectos socioculturales
open this folder and view contentsCapítulo 5: Aspectos psicológicos
close this folderCapítulo 6: Aspectos legales
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open this folder and view contentsNormativa general sobre manejo de cadáveres
View the documentIdentificación de un gran número de cadáveres
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View the documentDisposiciones de derecho interno
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View the documentModelo de ley para manejo de cadáveres en situaciones de desastre
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open this folder and view contentsCapítulo 7: Estudios de caso
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Disposiciones de derecho interno

Las autoridades tienen un interés fundamental en el manejo de cadáveres, el que se traduce en una serie de deberes que se enumeran a continuación:

• El Estado tiene la obligación de organizar la defensa civil como una forma de protección ciudadana. En tal sentido, tiene a su cargo, a través de las autoridades que designe para el manejo de las emergencias, lo referido a la prevención de desastres, operaciones de rescate, socorro, rehabilitación y reconstrucción. En este marco, inmediatamente luego de sucedido un desastre, las prioridades de las autoridades son: en primer lugar, el rescate y la atención de los sobrevivientes; en segundo lugar, la rehabilitación y el mantenimiento de los servicios básicos y, finalmente, la recuperación y el manejo de los cadáveres.

• Como se expresara, existe legislación y una práctica interna de los estados respecto a identificar y disponer de los cadáveres. Todos los estados cuentan con departamentos de medicina legal o forense encargados de la identificación y la autopsia y están a cargo de la custodia de los cadáveres hasta que sean transferidos a los cementerios.

• El Estado tiene un claro deber de policía sanitaria que ejerce al regular todo lo relativo al funcionamiento de los cementerios, inhumaciones, exhumaciones y otras cuestiones relacionadas. Asimismo, legisla sobre el traslado dentro del país e internacional de cadáveres, el que se realiza bajo el control estricto de las autoridades sanitarias.

• Es también responsabilidad del Estado establecer normas y controlar lo referente a los certificados de defunción y a la inscripción de los mismos, organizando y administrando los registros de estado civil de las personas como una forma de evitar fraudes.

• Existe un respeto a la integridad de los cadáveres que los Estados protegen a través de diversas normas. Así, los códigos penales de la región sancionan como figuras delictivas a la profanación de tumbas, cadáveres o cenizas y, en algunos casos, las interrupciones de los funerales y la necrofilia11. El bien jurídico que pretenden proteger varía en los distintos cuerpos legales siendo considerados delitos contra la libertad religiosa, la libertad de cultos, contra el estado civil de las personas e, incluso, como es el caso de Puerto Rico, contra el respeto debido a los muertos.

• En el mismo sentido, varias normas de la región sobre trasplante de órganos al referirse a la extracción de órganos de donantes cadavéricos disponen que el cadáver debe recibir un tratamiento respetuoso y digno y que se debe respetar la integridad corporal del cadáver no identificado al que se le han extraído órganos12.

• El Estado tiene el deber de proteger los derechos humanos fundamentales consagrados en las constituciones de los estados, como es el derecho a la integridad física y moral de las personas13, la libertad religiosa14 y el respeto a las costumbres de los pueblos indígenas15. Ellos pueden verse lesionados si las autoridades a cargo del manejo de la emergencia se niegan a rescatar los cadáveres, no los recogen en forma adecuada, si no toman los recaudos necesarios para identificarlos y si los inhuman transgrediendo sus ritos religiosos y creencias culturales.

11 Por ejemplo, Código Penal de Puerto Rico, en el título delitos contra la familia, en la sección titulada del derecho debido a los muertos, en los artículos 140 y 141, tipifica los delitos de profanación de cadáveres o cenizas, del lugar donde yacen los muertos e interrupción de funeral. En el mismo sentido, el Código Penal de Venezuela en los artículos 171, 172 y 173, bajo los delitos contra la libertad de cultos. El Código Penal de Nicaragua incluye la violación de tumbas y la profanación de cadáveres entre los delitos que afectan al estado civil de las personas en su Capítulo V. El Código Penal de Uruguay en los artículos 307 a 309 y bajo los delitos contra la libertad de culto y el sentimiento religioso, habla de los delitos de vilipendio de cadáveres o cenizas, de sepulcros, urnas o hurto de cadáveres. Los Códigos Penales de diversos Estados Mexicanos, sancionan la profanación de tumbas con actos de necrofilia como el del Estado de Aguas Calientes y de Baja California.

12 Por ejemplo, Argentina: Ley 24.193 de 1993, artículo 25 y Uruguay: Ley 14.005, artículo 8.

13 En forma expresa lo consagran el Artículo 12 de la Constitución de Bolivia, el Artículo 1 de la Constitución de Chile, el Artículo 23 de la Constitución de Ecuador, el Artículo 2 de la Constitución de Perú, el Artículo 36 de la Constitución de Nicaragua, el Artículo 4 de la Constitución de Paraguay, el Artículo 8 de la Constitución de República Dominicana y el Artículo 46 de la Constitución de Venezuela. En forma tácita, el derecho a la integridad no puede deslindarse del derecho a la vida, entendido éste no como el derecho a la existencia sino como el derecho a no sufrir menoscabos en alguna de sus manifestaciones fundamentales. Por ejemplo, la Constitución de Colombia no consagra expresamente el derecho a la integridad personal, pero la Corte Constitucional ha declarado (Fallo T-584/98) que el derecho a la vida comporta como extensión el derecho a la integridad física y moral así como el derecho a la salud.

14 Libertad de conciencia y religión: Artículo 3 de la Constitución de Bolivia, 19 de la Constitución de Chile, 18 y 19 de la Constitución de Colombia, 23 de la Constitución de Ecuador, 2 de la Constitución de Perú y 59 y 61 de la Constitución de Venezuela.

15 La protección de los pueblos o comunidades indígenas está contemplada por los países de la región a través de normas protectoras específicas.


Conforme a lo expresado, tal obrar puede justificar el derecho de los familiares o personas con un interés legítimo en que se esclarezca la desaparición, de interponer acciones judiciales de reparación de daños y perjuicios. El daño material se configura cuando los familiares o interesados se ven imposibilitados a acceder a los activos familiares, a cobrar seguros y a acceder a los bienes del difunto, lo cual depende de largos procesos de declaración de muerte presunta. El daño moral o psicológico deriva de varios aspectos enumerados en detalle en el capítulo 5 y basados fundamentalmente en la incertidumbre sobre la muerte efectiva y la imposibilidad de los deudos de sepultar a sus seres queridos, lo que dificulta y retarda el proceso de duelo.

Respecto a la inhumación de restos en fosas comunes, cabe afirmar que la misma dificulta enormemente el proceso de identificación que pasa a ser objeto de un trabajo antropológico forense mucho más costoso y complicado. Además, esta práctica, al igual que la cremación de cadáveres, atenta contra las tradiciones arraigadas en la sociedad sobre el respeto debido a los muertos y suelen estar en desacuerdo con los ritos religiosos y las normas culturales señaladas en el capítulo 4. Ello causa daño sicológico a los deudos que puede ser reparado jurídicamente.

Desde el punto de vista preventivo y conforme a lo que cada ordenamiento jurídico disponga, se podrían interponer simples denuncias o acciones de amparos o tutelas con el fin de obligar a las autoridades a obrar apropiadamente ante la posibilidad de que se transgredan derechos fundamentales consagrados en las constituciones de los estados.

A raíz del accidente del avión Fokker F-28 de la empresa TANS que se estrelló contra el cerro Coloque en enero de 2003, cerca de la ciudad de Chachapoyas en Perú, los familiares de los fallecidos denunciaron la supuesta actuación "dolosa y criminal" del personal de la Fuerza Aérea y militares al esconder información sobre las posibilidades reales de lograr un mejor rescate de los restos de sus familiares. Conforme a lo que los deudos manifestaron a la prensa, se "escondió toda información real y cínicamente mintieron sobre la posibilidad logística aérea y terrestre para rescatar los cuerpos de las víctimas y, más aún, negaron la existencia de restos humanos esparcidos en la misma zona". La denuncia se hizo luego de que el gobierno anunciara que el rescate era imposible porque los cuerpos se habían desintegrado y los familiares, que alquilaron medios para sobrevolar el área, confirmaran la presencia de restos humanos. (Información periodística tomada de El Expreso, La República, Ojo, Liberación, Pura Verdad y La Razón, Perú, 17 de enero de 2003 y del Diario La Razón del 18 de enero de 2002). Ello es un claro ejemplo de la presión que los familiares pueden ejercer a través de denuncias con el fin de que las autoridades procedan apropiadamente en el manejo de cadáveres.

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