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close this bookRespuesta de la Salud Pública a las Armas Biológicas y Químicas - Guía de la WHO - Segunda Edición (OPS; 2003; 302 paginas) [EN] [RU] View the PDF document
View the documentPrefacio a la edición en español
View the documentPrólogo
View the documentAgradecimientos
View the documentResumen ejecutivo
View the documentAbreviaturas y acrónimos
View the documentLista de colaboradores
open this folder and view contents1. Introducción
open this folder and view contents2. Evaluación de la amenaza a la salud pública
open this folder and view contents3. Agentes biológicos y químicos
open this folder and view contents4. Preparación y respuesta en salud pública
close this folder5. Aspectos legales
View the document5.1 Protocolo de Ginebra de 1925
open this folder and view contents5.2 Convención sobre Armas Biológicas de 1972
close this folder5.3 Convención sobre Armas Químicas de 1993
View the document5.3.1 Obligaciones internacionales
View the document5.3.2 Implementación nacional
View the document5.4 Conclusiones
View the documentBibliografía
View the documentApéndice 5.1: Legislación para la implementación de la Convención sobre Armas Biológicas
View the documentApéndice 5.2: Legislación para la implementación de la Convención sobre Armas Químicas
View the documentBibliografía
open this folder and view contents6. Fuentes internacionales de asistencia
open this folder and view contentsAnexo 1: Agentes químicos
open this folder and view contentsAnexo 2: Toxinas
open this folder and view contentsAnexo 3: Agentes biológicos
open this folder and view contentsAnexo 4: Principios de protección
open this folder and view contentsAnexo 5: Precauciones contra el sabotaje de agua potable, alimentos y otros productos
open this folder and view contentsAnexo 6: Fuentes de información
View the documentAnexo 7: Afiliación de los estados miembro de la OMS a los tratados internacionales sobre armas químicas y biológicas
View the documentCubierta Posterior
 

5.3.2 Implementación nacional

La CAQ le exige a los Estados signatarios que promulguen legislación que la implemente. Bajo el Artículo VII, parágrafo 4, se requiere que los Estados signatarios establezcan una Autoridad Nacional. Por tanto, los pilares gemelos del esquema de verificación de la Convención son: (1) el Secretariado Técnico de la OPCW (a través del cual se verifica el cumplimiento) y (2) la Autoridad Nacional (a través de la cual se demuestra el cumplimiento, inclusive el de aquellas obligaciones que no supervisa el Secretariado Técnico). La Autoridad Nacional es esencial para el éxito del esquema de verificación. Contar con Autoridades Nacionales eficientes, con centros nacionales de recolección de datos y facilitadores de la implementación nacional es imprescindible para la eficacia de la Convención, eje del enlace con la OPCW y con otros Estados signatarios. Para satisfacer estas obligaciones básicas, un Estado signatario debe estar en disposición de llevar a cabo las siguientes 8 funciones fundamentales, todas las cuales involucran a la Autoridad Nacional en mayor o en menor extensión: (1) enviar todas las declaraciones requeridas; (2) comunicarse con la OPCW; (3) cooperar con otros Estados signatarios; (4) facilitar las inspecciones de la OPCW; (5) responder a las solicitudes de ayuda de la OPCW; (6) proteger la confidencialidad de la información clasificada; (7) supervisar y obligar el cumplimiento nacional, y (8) cooperar en el campo de las actividades químicas con fines que no estén prohibidos bajo la Convención, incluso el intercambio internacional de información científica y técnica, y los productos químicos y el equipo para su producción, procesamiento y uso con fines que no estén prohibidos por la Convención.

La implementación de la legislación normalmente es necesaria para dar cumplimiento a las prohibiciones impuestas a los Estados por el Artículo I de la CAQ, para garantizar el envío de la información necesaria con el fin de tener una declaración nacional precisa y ejercer los controles de exportación e importación. Los requisitos se describen en mayor detalle en el Apéndice 5.2. La experiencia de los primeros cinco años de implementación ha demostrado que es esencial el cumplimiento minucioso del envío de información confiable y completa por parte de los Estados signatarios. Una encuesta sobre la legislación nacional para su implementación mostró que, además de las áreas especificadas en el Artículo VII, parágrafo 1 (prohibiciones, medidas penales, aplicación extraterritorial a los nacionales), varios Estados signatarios han visto necesario promulgar leyes en otras 15 áreas (ayuda legal; definición de armas químicas; obligaciones de declaración; régimen para productos químicos programados [regulación de la Agenda 1 de producción/uso; criterios para las declaraciones de las Agendas 2 y 3; controles de importación/exportación; mezclas]; licencias para la industria; acceso a instalaciones; equipos de inspección; aplicación de los privilegios e inmunidad de los inspectores; confidencialidad; responsabilidades; mandato de la Autoridad Nacional; poderes de la Autoridad Nacional para hacerla cumplir; muestras; medidas ambientales, y primacía de la Convención) (7 - 8).

Cinco años después de la entrada en vigencia de la CAQ, 43% de los Estados signatarios había cumplido su obligación de informar a la OPCW sobre las medidas legislativas y administrativas tomadas para implementarla. En su quinta sesión (mayo de 2000), la Conferencia de los Estados signatarios alentó a aquéllos que están en la posición de hacerlo, a ofrecer ayuda a otros Estados signatarios en su esfuerzo por satisfacer sus obligaciones bajo el Artículo VII (9). En diciembre de 2001, el Consejo Ejecutivo de la OPCW identificó la total implementación de las medidas legislativas requeridas por el Artículo VII como una de las cinco áreas prioritarias para hacer más efectiva la contribución de la OPCW a los esfuerzos antiterroristas globales.

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