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close this bookRespuesta de la Salud Pública a las Armas Biológicas y Químicas - Guía de la WHO - Segunda Edición (OPS; 2003; 302 paginas) [EN] [RU] View the PDF document
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close this folder5. Aspectos legales
View the document5.1 Protocolo de Ginebra de 1925
open this folder and view contents5.2 Convención sobre Armas Biológicas de 1972
open this folder and view contents5.3 Convención sobre Armas Químicas de 1993
View the document5.4 Conclusiones
View the documentBibliografía
View the documentApéndice 5.1: Legislación para la implementación de la Convención sobre Armas Biológicas
View the documentApéndice 5.2: Legislación para la implementación de la Convención sobre Armas Químicas
View the documentBibliografía
open this folder and view contents6. Fuentes internacionales de asistencia
open this folder and view contentsAnexo 1: Agentes químicos
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open this folder and view contentsAnexo 4: Principios de protección
open this folder and view contentsAnexo 5: Precauciones contra el sabotaje de agua potable, alimentos y otros productos
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View the documentAnexo 7: Afiliación de los estados miembro de la OMS a los tratados internacionales sobre armas químicas y biológicas
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Apéndice 5.2: Legislación para la implementación de la Convención sobre Armas Químicas

Legislación para el cumplimiento de las prohibiciones del Artículo I, incluidas las disposiciones penales

El Artículo VII de la CAQ señala que debe adoptarse la legislación específica que prohíba las acciones que contravengan las obligaciones del Estado signatario bajo el Artículo I. Cualquier persona natural o jurídica en el territorio de un Estado signatario tendrá prohibido por ley desarrollar, producir o adquirir de alguna forma armas químicas; transferir tales armas a cualquier persona o usarlas o ayudar a otros a cometer tales crímenes. Las penas incluyen sanciones criminales y administrativas. En cumplimiento de la Convención, la legislación nacional debe incorporar la definición de armas químicas contenida en la Convención. La Convención exige que los Estados signatarios extiendan la aplicación de estas disposiciones penales a las acciones emprendidas en cualquier parte por personas naturales que posean su nacionalidad. Es más, los Estados signatarios deben asistirse entre sí y cooperar para perseguir a todos aquéllos que contravengan la prohibición de armas químicas en cualquier parte del mundo. El cumplimiento de estas obligaciones contribuirá significativamente al logro del objetivo y del propósito de la Convención, a saber, prevenir el uso de productos químicos tóxicos como medio para la guerra o como amenaza terrorista. Puesto que éstas son las contravenciones más básicas del propósito mismo de la Convención, las penas deben ser lo suficientemente severas para disuadir a los posibles infractores. La legislación ya promulgada por los Estados signatarios especifica que las violaciones más serias serán castigadas con cadena perpetua.

Puede ser difícil para los Estados cumplir con lo estipulado por el Artículo VII, parágrafo 2, de responder a las solicitudes de cooperación y asistencia legal presentadas por otros Estados signatarios. Las modalidades de tal cooperación y ayuda legal pueden incluir: (1) extradición; (2) ayuda legal mutua en materias penales; (3) intercambio de prisioneros; (4) confiscación y decomiso del producto ilícito; (5) reconocimiento de sentencias penales impuestas en el extranjero, o (6) transferencia de procedimientos penales. No hay práctica consuetudinaria en la cooperación internacional y la asistencia legal en asuntos criminales; las modalidades y los procedimientos se formulan normalmente en tratados bilaterales o, con menor frecuencia, en instrumentos multilaterales. Así que los Estados signatarios de la CAQ deben verificar si sus leyes nacionales y los diversos tratados sobre intercambio de asistencia legal permiten la cooperación en este aspecto. Si un Estado signatario busca asistencia legal y encuentra obstáculos, existen otros mecanismos coercitivos extrajudiciales basados en la cooperación a través de organismos como Interpol (1).

Regulación y monitorización de la industria química relevante y exportaciones de productos químicos específicos

Los Estados signatarios requieren por ley que las entidades públicas y privadas y las personas reporten si están produciendo, o en algunos casos, consumiendo o procesando, productos químicos especificados en la Convención cuando se exceden los límites del umbral. Con base en esta información, los Estados signatarios podrán satisfacer la obligación estipulada por la Convención de remitir declaraciones completas y exactas a la OPCW sobre actividades nacionales relacionadas con los productos químicos enumerados en las agendas de la CAQ. Para mantener una visión nacional de las actividades reguladas por la CAQ y asegurarse de contar con declaraciones completas, algunos Estados signatarios han promulgado legislación que exige a los productores de químicos la correspondiente autorización.

Desde la entrada en vigencia de la Convención, se exige a los Estados signatarios notificar a la OPCW con 30 días de antelación cualquier transferencia hacia o desde otro Estado signatario de un producto incluido en la Agenda 1 y se prohíbe la transferencia hacia o desde otros estados no signatarios de esos mismos productos químicos. Desde el 29 de abril de 2000, también quedó prohibida la transferencia de productos químicos de la Agenda 2 a estados no signatarios de la Convención. Los Estados signatarios también deben garantizar que los productos químicos de la Agenda 3 transferidos a estados no signatarios de la Convención se utilizarán únicamente para fines permitidos. Cada Autoridad Nacional de los Estados signatarios debe negociar y concluir acuerdos que faciliten la acción de la OPCW en la definición de los procedimientos de verificación del Secretariado Técnico en ciertas instalaciones declaradas. Para llevar a cabo estas tareas, la Autoridad Nacional debe identificar los sitios, tanto públicos como privados, que deben ser declarados y cuyos datos deben ser incluidos en las declaraciones iniciales y anuales. Los contactos con las asociaciones de la industria química y las búsquedas en las bases de datos comerciales, así como de universidades y hospitales, suelen ser necesarios para obtener información sobre las actividades nacionales que puedan ser relevantes para la Convención.

El Secretariado Técnico de la OPCW y el Secretariado de la Organización de los Estados del Oriente Caribeño (Secretariat of the Organisation of Eastern Caribbean States) han desarrollado un documento modelo de regulación de plaguicidas, en el cual se incorporan las disposiciones obligatorias de la CAQ. El resultado, un borrador del Decreto de Control de Plaguicidas y Productos Químicos Tóxicos y sus Normas Reglamentarias, (i) permite a los parlamentos interesados considerar los reglamentos para plaguicidas y productos químicos tóxicos en una sola etapa; (ii) facilita la ratificación y asimilación de la CAQ; (iii) designa a una única agencia interministerial como responsable de los plaguicidas y los productos químicos tóxicos y sirve como Autoridad Nacional bajo la Convención, y (iv) permite el cumplimiento de la CAQ en la subregión (2).

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