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close this bookRespuesta de la Salud Pública a las Armas Biológicas y Químicas - Guía de la WHO - Segunda Edición (OPS; 2003; 302 paginas) [EN] [RU] View the PDF document
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open this folder and view contents5. Aspectos legales
close this folder6. Fuentes internacionales de asistencia
close this folder6.1 Naciones Unidas
View the document6.1.1 Investigación de supuesto uso
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View the document6.2 Organización para la Prohibición de Armas Químicas (Organisation for the Prohibition of Chemical Weapons)
View the document6.3 Convención sobre Armas Biológicas
View the document6.4 Organización Mundial de la Salud/Organización Panamericana de la Salud
View the document6.5 Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (Food and Agriculture Organization of the United Nations, FAO)
View the document6.6 Oficina Internacional de Epizootias (Office International des Epizooties)
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View the document6.8 Información sobre contactos
View the documentBibliografía
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View the documentAnexo 7: Afiliación de los estados miembro de la OMS a los tratados internacionales sobre armas químicas y biológicas
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6.1.1 Investigación de supuesto uso

La Asamblea General de las Naciones Unidas, bajo la resolución 42/37C de noviembre de 1987, le ordenó al Secretario General investigar "los informes que cualquier Estado Miembro pueda presentarle sobre posible uso de armas químicas y bacteriológicas (biológicas) o de toxinas [...] con el fin de verificar los hechos...". Bajo los términos de la resolución, el Secretario General ha establecido un panel de expertos para llevar a cabo investigaciones en el sitio. Un grupo de expertos calificados, nombrados de conformidad con la resolución, elaboró un informe que establece los procedimientos de las investigaciones (1).

La CAQ, que entró en vigencia el 29 de abril de 1997, obliga a la OPCW a investigar cualquier supuesto uso de armas químicas contra en Estado signatario. Para las investigaciones relacionadas con los alegatos de uso de armas químicas presentados al Secretario General por un estado que no sea signatario de la CAQ, la OPCW está obligada a cooperar con el Secretario General de acuerdo con la Sección XI, parágrafo 27, del Anexo de Verificación de la CAQ y con el Artículo II.2(c) del Acuerdo de Relaciones entre las Naciones Unidas y la OPCW, que entró en vigencia el 11 de octubre de 2001.

Las investigaciones de las acusaciones sobre el uso de armas químicas conducidas por las Naciones Unidas hasta finales del 2002 se pueden resumir como sigue:

1981-1982:

Asia. Las investigaciones se llevaron a cabo mucho tiempo después de los supuestos ataques, de tal manera que no fue posible practicar visitas al sitio; los resultados no fueron concluyentes (2).

1984-1988:

República Islámica de Irán. Las investigaciones se llevaron a cabo a los pocos días de los supuestos ataques, se practicaron visitas al sitio y se tomaron muestras; Irak fue identificado como el perpetrador (3-10).

1987-1988:

Irak. Los investigadores verificaron las lesiones producidas por el uso de productos químicos en soldados iraquíes (6-7, 9) e informaron que no tenían evidencia concluyeme sobre la forma como se causaron tales lesiones (11).

1992:

Mozambique. Las investigaciones se llevaron a cabo más de un mes después del supuesto ataque; no se encontraron pruebas del uso de armas químicas (12).

1992:

Azerbaiyán. La investigación fue solicitada por el estado acusado de recurrir a la guerra química con el fin de demostrar su inocencia; una visita oportuna al sitio no reveló ninguna prueba del uso de armas químicas (13).

1993:

Irak. La investigación sobre el supuesto uso interno de armas químicas no proporcionó ninguna prueba de tal uso (14).

En el periodo cubierto, el Secretario General no fue requerido para adelantar ninguna investigación sobre el supuesto uso de armas biológicas diferentes de las toxinas. Sin embargo, se llevó a cabo una investigación bajo la CAB por una consulta relacionada con un supuesto uso de armas biológicas (véase la Sección 6.3, páginas 102 a 103).

Se recomienda muy enfáticamente que la solicitud para adelantar una investigación se presente al Secretario General inmediatamente después de que haya sucedido el supuesto incidente para minimizar las posibilidades de degradación de la evidencia.

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